La segunda edición de la Convocatoria I+P logra movilizar un 34% más de presupuesto para mejorar políticas públicas con evidencia científica

La resolución definitiva de la segunda edición de la Convocatoria I+P se ha cerrado con un total de 6.091.732 euros para mejorar la eficacia y la transparencia de las acciones gubernamentales y fomentar la cultura de la innovación en las administraciones públicas. Esta nueva cifra supone un aumento de más del 34% de presupuesto conseguido en la convocatoria de 2024. En total, esta iniciativa conjunta de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha seleccionado 67 proyectos para financiar, de entre los 310 que se han presentado a la convocatoria de 2025.

De los más de 6 millones de euros que se están movilizando en esta segunda edición de la Convocatoria I+P, el 52% está financiado por las entidades beneficiarias, en su mayoría, universidades públicas; mientras que la convocatoria aporta el otro 48%, que asciende a casi tres millones de euros. Gracias a ellos, 30 proyecto de ámbito estatal, 24 de ámbito autonómico y otros 13 de ámbito local están empezando a ponerse en marcha para mejorar la eficacia y la transparencia de las acciones gubernamentales y fomentar la cultura de la innovación en las administraciones públicas.

La segunda edición de la Convocatoria I+P también ha experimentado un aumento del 13,4% en el número de proyectos financiados, respecto a los 50 seleccionados en 2024. Este crecimiento es especialmente acusado en las iniciativas de ámbito estatal, que casi duplican a las 17 seleccionadas en la primera edición. Otra variable que ha crecido frente a la primera edición de la Convocatoria I+P ha sido su tasa de éxito, con una financiación de más del 20% de los proyectos solicitados, frente al cerca del 14% de los que se concedieron el año pasado. El director general de Prospectiva Estratégica y Asesoramiento Científico, Josep Lobera, afirma: "La Convocatoria I+P es una de nuestras iniciativas más estratégicas para impulsar la cultural de la ciencia para las políticas públicas. Se trata de un proceso de cambio a largo plazo, con cada vez más participantes, tanto de las administraciones públicas como de la comunidad científica".

La ciencia para las políticas públicas, también conocida como science for policy (S4P), es un enfoque innovador que busca estrechar la relación entre el conocimiento científico y la toma de decisiones en el ámbito público. Se basa en la colaboración activa entre las administraciones públicas y la comunidad científica para fomentar la cultura de innovación en las administraciones públicas, donde la evidencia científica se convierte en un pilar fundamental para el diseño de las políticas públicas. El enfoque de basarse en evidencias sólidas intenta garantizar que las políticas implementadas respondan a necesidades reales y generen un impacto positivo en la sociedad.

Más allá de esta misión, el diseño de la Convocatoria I+P persigue cuatro objetivos:

• Impulsar la colaboración entre las administraciones públicas y la comunidad científica para mejorar las políticas públicas.
• Fomentar la innovación en la gestión pública, utilizando evidencias científicas para diseñar políticas más efectivas y justas para la ciudadanía.
• Fortalecer el asesoramiento científico del personal científico a las administraciones públicas para el diseño de políticas públicas informadas por la evidencia científica.
• La participación activa de la ciencia y la tecnología en conexión con la administración pública, promoviendo la transferencia de conocimiento.

Para lograrlos, la Convocatoria I+P abarca dos modalidades de proyecto: la primera, la modalidad A, subvencionable hasta los 100.000 euros, busca impulsar la innovación en el diseño de políticas públicas y el asesoramiento científico; y la segunda, la modalidad B, que puede recibir hasta 25.000 euros, se dirige a iniciativas que incrementen la cultura de innovación en las administraciones públicas mediante programas y actividades de transferencia de conocimiento y asesoramiento científico para el diseño de políticas basadas en evidencias.

NOVEDADES Y PROYECTOS DE LA SEGUNDA EDICIÓN

Una de las principales novedades de esta segunda edición ha sido, precisamente, la división de la primera modalidad en dos subcategorías. Ahora, la financiación de estudios piloto para informar el diseño de una política pública se concentra en la subcategoría A1, mientras que la subcategoría A2 abarca al resto de iniciativas orientadas a mejorar el diseño de una política pública mediante otro tipo de enfoques.

Entre las iniciativas financiadas en la modalidad A destaca el proyecto CO-VISIBLES. Medición y análisis de experiencias de trata en mujeres privadas de libertad: un estudio piloto para informar políticas sociales penitenciarias y promover el bienestar socioeducativo, coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con el Ministerio del Interior. El proyecto combina investigación científica y cocreación institucional, con la implicación de universidades, profesionales penitenciarios y agentes sociales. Sus resultados aportarán datos inéditos y facilitarán decisiones basadas en evidencias para reforzar la detección de mujeres víctimas de trata privadas de libertad en España, mejorar la atención integral y prevenir la revictimización.

Otro proyecto destacado es el de las Agendas de reconstrucción: integrando agenda urbana e innovación para la resiliencia climática del territorio. El caso de la DANA de Valencia. Desarrollado por la Universitat Politècnica de València en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, analiza las Agendas de Reconstrucción como instrumentos innovadores de gobernanza para la transformación y la resiliencia urbana tras la DANA de Valencia. Los resultados pretenden contribuir a consolidar un modelo de actuación poscatástrofe para la Administración General del Estado que sea transferible a otros municipios, y contribuya al desarrollo de capacidades transformadoras en contextos posdesastre y establezca bases metodológicas para futuras intervenciones similares a nivel nacional.

Las actuaciones financiadas comenzaron a ponerse en marcha el pasado 11 de mayo, cuando se publicó la resolución definitiva, y tendrán una duración máxima de dos años. En paralelo, algunas de las iniciativas financiadas en la primera edición ya han concluido, mientras que la mayoría de ellas continúa en desarrollo. Todos los equipos involucrados en los proyectos seleccionados en ambas ediciones, así como el personal investigador que será seleccionado inminentemente en la primera edición de las Estancias I+P podrán empezar a compartir desafíos y buenas prácticas para generar una comunidad creciente de expertos y expertas en ciencias para las políticas públicas.

Toda la información sobre la resolución definitiva de la Convocatoria I+P 2025 está disponible en este enlace.